December 12, 2017

Ambassador Ugalde at the VII Iberoamerican Week of International Justice

H.E. Ambassador Sergio Ugalde, Ambassador of Costa Rica / Vicepresident of the Assembly of States Parties of the International Criminal Court.

On Wednesday 31st May, the Opening Ceremony for the VI Ibero-American Week of International Justice took place at the Peace Palace. H.E. Judge Silvia Fernández de Gurmendi, President of the International Criminal Court, H.E. Ambassador Sergio Ugalde, Vicepresident of the Assembly of States Parties of the International Criminal Court, H.E. Ambassador Johan Van der Werff, Ambassador of the Netherlands to International Organisations, and Prof. Héctor Olasolo, Chairman of the Ibero-American Institute of The Hague for Peace, Human Rights and International Justice (IIH) were the speakers of such occassion.

The Opening ceremony can be watched in the IIH Facebook Page: https://es-la.facebook.com/InstitutoIIH/

Since 2011, the Ibero-American Week of International Justice is organised each year by the IIH during the first ten day of June. In its VII Edition (29 May-9 June, 2017), the Ibero-American Week  comprised a number of events in Spanish, with some lectures in Portuguese, including a Moot Court on the International Criminal Court, an Essay Contest on International Justice, a Seminar on Ibero-American Thinking  on International Justice, a Research Group on the Ibero-American Epistemological Perspective on Justice, a guided tour to the historical buildings of the City of The Hague, and several visits to Hague-based International Courts, Tribunals and Organisations. Translation into English is provided for some of the activities.

The Ambassador of Costa Rica, H.E.  Sergio Ugalde delivered a remarkable key note speech on the importance of international Justice for Iberoamerica, the limitations and challenges of the international justice and the hope for future generations.

Here below his integral speech:

Acto de Inauguración – Discurso  del Embajador Sergio Ugalde* / VII Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional 

Señor Héctor Olasolo Alonso, Presidente del Instituto Ibero-Americano de la Haya

Señora Silvia Fernández de Gurmendi, Presidenta de la Corte Penal Internacional

Señor Johan Van der Werff, Embajador de los Países Bajo ante Organizaciones Internacionales

Excelentísimos señores Embajadores

Estudiantes y académicos participantes en la VII Semana-Americana de la Justicia Internacional

Señoras y señores:

Me es muy grato dirigir unas palabras en este acto de inauguración de la VII Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional.

Conviene iniciar subrayando la importancia que el Derecho Internacional tiene para la región Iberoamericana. No son pocos los aportes provenientes de la región que han contribuido significativamente a la sistematización del derecho internacional, sea por jurisprudencia, por hermenéutica o por codificación positiva.

A nivel global existe plena conciencia de los aportes y de la relevancia que el Derecho Internacional tiene para Iberoamérica, una región que hoy, mayoritariamente, confía la resolución de sus disputas a los diferentes mecanismos que tenemos al alcance, sea la mediación, el arbitraje o la jurisdicción contenciosa obligatoria, para lo cual se echa mano a la considerable gama de foros existentes, unos más especializados que otros, desde tribunales arbitrales especializados en temas de comercio e inversión, como el CIADI, hasta las cortes especializadas en asuntos del Derecho del Mar, Derechos Humanos y/o Justicia Penal Internacional, y naturalmente, la Corte Internacional de Justicia.

Hoy deseo referirme brevemente a la situación actual del derecho internacional, y ofrecerles una idea hacia dónde, en definitiva, debe evolucionar.

A pesar de los significativos avances en la creación y promoción de foros enfocados en las diversas ramas de la justicia internacional, aún estamos lejos de un verdadero y efectivo sistema de derecho internacional. Esto básicamente se debe a la fragmentación que existe en la sistematización, en algunas contradicciones en codificación positiva, y asimismo a la competencia que se genera entre los propios foros de justicia internacional. Esa fragmentación, dicho sea de paso, es también promovida por los propios estados, que buscan tener una justicia hecha a la medida, o, que estiman que la fragmentación les permite mayor flexibilidad en la interpretación del derecho internacional, acomodándolo a las necesidades políticas del momento.

Al ver el estado de la situación hoy, es obvio que el sistema de justicia internacional, cuyos cimientos están en la multilateralidad y en la universalidad, se encuentra estático, y, algunos afirman que se encuentra en un genuino retroceso, consecuencia de una franca tendencia hacia el nacionalismo.

El desafío es aún mayor considerando que son muchas las áreas donde aún debe progresarse normativamente, que debe abarcar asuntos desde la responsabilidad de los estados hasta el establecimiento de la jurisdicción universal obligatoria. Eso no significa que todo sea ominoso: lo que significa es que todos los que participamos en la gestión del derecho internacional debemos mantener nuestra marcha con firmeza.

Por supuesto que también celebramos que el derecho internacional, como nunca antes en la historia de la humanidad, haya tenido significativos avances en los últimos 70 años. La fragmentación de la que hablaba anteriormente, es también testimonio de un sistema en franca construcción, a pesar de sus limitaciones actuales. Como señala un reconocido profesor de derecho internacional “existe un sistema de derecho internacional, aun cuando sea imperfecto”. Pero al reconocer los avances alcanzados, no podemos perder de vista la importancia de su evolución hacia la armonización y la sistematización.

Al contemplar el estado de las relaciones internacionales de hoy día, aun cuando pueda juzgarse que el multilateralismo sufre por la erosión que le inflige un retoñado nacionalismo, estimo que dicha erosión es sólo temporal. Detener la marcha tampoco puede verse de forma negativa. Por el contrario, nos da la oportunidad de contemplar con cierta pulcritud las partes que conforman el sistema actual, y nos permite mejorar la carpintería en la edificación de un sistema de derecho internacional mucho más consistente y universal.

A pesar de que son muchas las tareas pendientes, como seguramente ustedes lo han podido apreciar, hay una que estimo primordial. En la sistematización del derecho internacional, aún está pendiente un trabajo mucho más preciso en la tarea de homologación de la práctica y de la jurisprudencia, que asegure su consistencia. Por donde se mire, el estallido de decisiones por toda suerte de tribunales hace que ciertos aspectos del derecho internacional no tengan una aplicación consistente. Ello atenta contra la seguridad jurídica, y cuando no hay seguridad jurídica, se pierde la confianza en el sistema de justicia.

Esta situación nos obliga entonces a desarrollar una verdadera institucionalización de la justicia internacional, la última parada de un proceso de sistematización. En otras palabras, la consumación de todo esfuerzo de sistematización debe resultar en el establecimiento de una arquitectura institucional completa, permanente y universal del derecho internacional, que garantice su consistencia, y que con ello se fortalezca la seguridad jurídica.

Sobre si esta es una tarea de las Naciones Unidas, o si espontáneamente los Estados están dispuestos a organizarse para crear una estructura supranacional que logre ese objetivo, es algo que está sujeto a debate. No tengo duda que muchos quizá opinen que el estado de la situación no debe variarse, justamente porque ello permite flexibilidad y se acomoda mejor a los objetivos geopolíticos de algunos.

Y ustedes mismos se preguntarán ¿para qué más burocracia internacional?

No se trata de crear burocracia por la burocracia misma. Se trata del establecimiento de una autoridad internacional central. Alguien dirá que esa autoridad internacional central ya existe, que se llama Corte Internacional de Justicia.

Mi respuesta es, sí y no. Si bien la CIJ cumple el papel de ser el principal órgano judicial de Naciones Unidas, no cumple el criterio de ser una autoridad central. Primero porque no tiene jurisdicción obligatoria universal. Segundo porque su competencia (distinto a su jurisdicción), también está restringida, y por ejemplo, no puede resolver una multitud de disputas surgidas entre estados por la existencia de limitaciones ratione temporis y ratione personae. Tampoco es gestor de normativa, aunque tiene el poder de interpretar la actual. Y si bien esta última cualidad convierte la CIJ en el órgano judicial más relevante a nivel mundial, carece de otras cualidades indispensables. Por ejemplo, en mi criterio, una limitación del sistema actual es el hecho de que no se puedan ejecutar sentencias judiciales, o lo que en el derecho anglosajón se llama law enforcement. Es cierto que las sentencias judiciales deben acatarse de buena fe, y que una Corte de Justicia no puede convertirse también en un policía, pero también es cierto que hay un vacío porque hasta la buena fe está sujeta a la interpretación y a la temperatura de la política internacional.

También es cierto que la Carta de las Naciones Unidas otorga una calificadísima atribución de law enforcement al Consejo de Seguridad, pero todos los que estamos aquí sabemos que eso es un eufemismo, y es un eufemismo porque, con muy contadas excepciones, es un órgano estrictamente político dominado por intereses geopolíticos, cuya incapacidad de acción es manifiesta.

Concedo que la idea de crear una institucionalidad permanente de derecho internacional, con jurisdicción universal obligatoria, sin límite de competencia, que tenga capacidad para ejecutar fallos judiciales sin interferencia política, y que además contribuya a la sistematización del derecho internacional, parece una fantasía. No obstante, en mi defensa observo que apenas unos 25 años atrás, pensar que hoy contaríamos con una Corte Penal Internacional de carácter permanente, que juzgue los peores crímenes contra la humanidad, y dónde además no fuera oponible la inmunidad de los jefes de estado, por ejemplo, era poco menos que una excentricidad, y sin embargo aquí estamos, con 20 años de Estatuto de Roma, y con más de 10 años de labor judicial, cuyo sistema de justicia penal es nada más y nada menos que presidido por una remarcable jueza iberoamericana, como lo es la Presidenta Fernández.

En la excelente oportunidad que ofrece la Semana Iberoamericana del Derecho Internacional, los invito a debatir, a criticar constructivamente, y a proponer cómo edificar un robusto sistema de derecho internacional. Les deseo mucho éxito en sus trabajos, y nuevamente agradezco la oportunidad de haberles dirigido estas palabras de reflexión.

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* Sergio Ugalde es el Embajador de Costa Rica ante el Reino de los Países Bajos, ha sido abogado y co-agente de su país ante la Corte Internacional de Justicia en unos seis casos, ha sido invitado a impartir seminarios en la Academia de La Haya de Derecho Internacional, y es actualmente el Vicepresidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, y es el Coordinador del Grupo de Trabajo de la Haya sobre la Corte Penal Internacional.

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